Discutir sobre década ganada o década perdida resulta un falseamiento de la realidad. Los estrechos límites por los que transita el sistema capitalista por estas épocas, ha dejado atrás la ecuación “crecimiento económico=bienestar para los pueblos”; la crisis del capitalismo a nivel planetario deja al descubierto que los números de la economía lo único que marcan es la bonanza de la clase dominante, mientras que las condiciones de vida de las amplias masas populares sufren un franco deterioro y el creciente empobrecimiento es el signo destacado de los procesos económicos, lo que repercute en política y explica los estallidos de masas que hoy recorren el mundo desde Brasil a Egipto, por nombrar sólo los últimos países que han estado en el tapete de la movilización de masas.
Nuestro país, al igual que muchos de los países llamados “emergentes”, ha vivido situaciones en las que la lucha de clases ha condicionado severamente el margen de maniobra de las políticas más abiertamente antipopulares. La rebelión de 2001 volteó más que a un gobierno; fue el acta de defunción de las políticas que se vendieron como el sacrificio que se debía realizar para, en un futuro que nunca llega, “disfrutar” igualitariamente de los resultados.
De allí que la década kirchnerista no puede dejar de analizarse por fuera de esta realidad concreta. No importa si la intención de la facción burguesa que se hizo con el gobierno en 2003 era o no llevar adelante las políticas que implementó; lo importante es que no podía hacer otra cosa si lo que se intentaba (y eso es lo que la burguesía monopolista entendió) era reencauzar el sistema capitalista en la Argentina. Tanto fue lo que el pueblo argentino cuestionó y condicionó a la clase dominante.
Entonces se ensanchó ampliamente una etapa de conquistas políticas, económicas y sociales que la burguesía intenta presentar como graciosas concesiones que nos regaló, por ser ésta una facción en su versión más “humana”. Sin embargo, realizando un rápido recorrido por los aspectos fundamentales de la estructura económica y social de nuestro país, comprobamos que la misma mantiene el signo explotador y expoliador propio del capitalismo como sistema de vida, más allá de los “retoques” que se le intente realizar.
La flexibilización y las condiciones laborales que se han ratificado como la continuidad de las políticas de los 90, manteniendo y profundizando barrabasadas como el impuesto al salario o la eliminación de la instancia civil en los juicios laborales en caso de aceptarse la magra indemnización de la ART; el dominio absoluto de la explotación de los recursos naturales (agricultura, minería, petróleo y gas, etc.) en manos de las trasnacionales; la política de subsidios a los grandes monopolios con los recursos de los trabajadores (a través de la ANSES) mientras se le negó el 82% móvil a los jubilados; crecimiento del endeudamiento, que hoy llega a 300.000 millones de dólares luego de diez años de “política de desendeudamiento” (o sea pago puntual de una deuda inexistente o tributo a la oligarquía financiera); la política de transporte que ratificó que es más importante trasladar la soja a los puertos que a las personas (tragedias del Sarmiento y las de otras líneas que, cotidianamente, se han cobrado vidas humanas); la salud y la educación públicas en franco declive lo que obliga a la población a pagar para acceder a estos servicios básicos; más de 5000 procesamientos a nivel nacional, más desapariciones y casos de gatillo fácil con el gobierno de los “derechos humanos”; y un largo etcétera para no estirar la lista de injusticias estructurales del capitalismo que en nuestro país campean y son las causantes de la vida de ignominia que sufrimos.
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