Durante estos últimos tiempos, el vistoso centro cívico de la ciudad de Bariloche, lejos de destacarse como epicentro de atención turística, comenzó a ser epicentro de innumerables movilizaciones populares.
En la ciudad donde se iniciaron los saqueos a los supermercados, que
luego se extendieron a múltiples lugares del país, se suman otras
movilizaciones, como la de los choferes de transporte publico, que
amenazan con parar si no se les depositan los sueldos adeudados; el
acampe de organizaciones cooperativistas que exigen al gobernador por la
caída de acuerdos con el municipio por proyectos cooperativos, planes
sociales y un jardín maternal y la denuncia de persecución y violentos
allanamientos a integrantes de la cooperativa 1° de mayo por haber sido
acusados de organizadores de los saqueos; y otros tantos reclamos por parte de una población muy empobrecida y marginada.
Y como suele suceder, cuando la
movilización de masas sacude los cimientos institucionales, la crisis
política se ahonda e inmediatamente comienzan a reflejarse en las
internas políticas entre los diferentes funcionarios, donde en este caso
el gobernador de la provincia de Río Negro, esta pidiendo la renuncia
del intendente de Bariloche, luego de los saqueos producidos el pasado
20 de diciembre.
El gobernador de Río Negro, Alberto Wiretilnek, se muestra “preocupado” diciendo: “la
aspiración es tener una provincia sin conflictividad, que el Estado sea
cada día más eficiente, y garantice los derechos de educación, salud,
seguridad, vivienda y construya un modelo productivo“; pero en la
ciudad de Bariloche, en los “barrios periféricos” (como se los suele
llamar despectivamente), habitan los pobladores más empobrecidos con cifras oficiales que dicen que un 20% de la población esta por debajo de la línea de la indigencia.
Tanto el gobernador como el gobierno nacional enjuiciaron a los saqueos
como hechos delictivos, pero sin hacerse cargo de la dura realidad que
viven nuestros compatriotas, por afuera de las luces de colores de los
centros turísticos.
Frente a esta realidad, “el nacional y popular gobernador rionegrino”, ratificando su fidelidad a los monopolios, en vez de destinar fondos del Estado para paliar la pobreza, anuncia sin ningún tipo de tapujos que la provincia destinará 35 millones de pesos para adquirir equipamiento y reforzar las fuerzas policiales,
con el objetivo de contrarrestar los supuestos hechos delictivos que se
sucedieron en la provincia, y garantizar la paz social.
Bariloche es una expresión mas de la
realidad general en todo el país, donde la movilización de masas está
pudriendo todas las estructuras del poder, y da señales de un
enardecimiento de la lucha de clases frente al único y verdadero saqueo que padecemos los argentinos, que es el que generan los negociados y la explotación que la oligarquía financiera lleva a cabo en nuestro país.
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