YPF, capitales transnacionales y Estado

La anunciada estatización de la petrolera YPF trajo de nuevo a la picota la cuestión de las estatizaciones y/o nacionalizaciones.

En todos los procesos históricos del desarrollo del sistema capitalista, la burguesía en el poder ha utilizado al Estado como factor determinante en la economía y la política. Porque no hay que olvidar que cuando decimos Estado decimos órgano de dominación de una clase sobre otra. El Estado burgués es el órgano político, militar y económico de los capitalistas y es el que garantiza la dominación de la clase burguesa sobre la clase obrera y demás capas de la población. Hacemos hincapié en marcar que el Estado es de una clase (en este caso, la burguesía) pues esa es la única forma de empezar a derribar los mitos construidos alrededor de este tema de las estatizaciones /nacio-nalizaciones.

Desde la época de Bismarck y el imperio prusiano (ya a mediados del año 1860), con la nacionalización de los ferrocarriles, la clase dominante burguesa ha echado mano de su Estado para intervenir en la economía. Con el surgimiento de la gran industria capitalista y la libre concurrencia, la burguesía hizo uso del aparato estatal para garantizar la obligada centralización política y económica que era provocada por la centralización de los medios de producción y la concentración de la propiedad en pocas manos. De ese modo, y atento a las necesidades que cada etapa del desarrollo de las fuerzas productivas demandaba, la burguesía fue utilizando no solamente las estatizaciones y las nacionalizaciones, como así también las privatizaciones; además fue adecuando el aparato estatal a las distintas etapas del capitalismo.

En el capitalismo del libre mercado, es la clase burguesa en su conjunto la que toma las riendas del control estatal. A finales del siglo XIX y principios del XX el surgimiento de los monopolios terminan con el capitalismo de la libre concurrencia, transformándose en capitalismo monopolista; esto significó que los monopolios surgidos al calor de la concentración y centralización de enormes capitales, fueron los que marcaron el carácter del modo de producción capitalista, con la aparición de los cárteles y los trusts, hasta desembocar en el capitalismo monopolista de Estado, cuando ya son los propios monopolios que se hacen del control estatal, desplazando incluso a sectores burgueses que hasta entonces compartían ese privilegio. La oligarquía financiera, producto de la fusión entre la industria y los bancos, pasó a tomar las riendas de las decisiones estatales.

Todo el siglo XX está plagado de ejemplos en los que la burguesía hacía de su propio interés el interés nacional, por lo cual disponía del manejo de los recursos de los países alimentando nacionalizaciones que no eran más que las necesidades propias del desarrollo del sistema. El manejo del petróleo, de las telecomunicaciones, del transporte, del comercio, la industria, era parte inseparable de los procesos de la época en América latina, como lo había sido en Europa y Estados Unidos en el siglo XIX. Luego vinieron etapas en las que el Estado debía deshacerse de las ramas productivas que ya habían sido desarrolladas, por lo que se pasaba a privatizar lo que antes era estatal, para luego llegar a principios del siglo XXI, época en la que los Estados salieron al rescate de empresas que sufrieron quebrantos que solo pudieron ser salvadas con la inyección de ingentes capitales por parte de los Estados.

Como lo dijera Engels, el Estado burgués confirma así ser el “representante oficial” de la sociedad capitalista, el “Estado de los capitalistas”, por lo cual alabar las nacionalizaciones o poner expectativas en las estatizaciones, dejando de lado el carácter de clase del Estado y a qué clase beneficia, significa caer en un terreno en el que la burguesía busca intencionadamente que caigamos, ya que de esa manera no se discute ni se pone en cuestión la propiedad del Estado mismo.

En ningún caso, ni cuando se estatizaban ramas enteras de la economía, o cuando se “privatizaban” las mismas, el Estado burgués jugaba un papel neutral. En uno y otro caso, siempre el estado es de los capitalistas y entonces las decisiones acerca de sus funciones económicas estuvieron, están y estarán siempre al servicio de esa clase.

El caso Repsol/YPF

Por estos días, la expropiación del 51% de las acciones de la empresa Repsol, controlante de YPF, parecen haber retrotaído las discusiones a mediados del siglo XX. Se presenta esta expropiación como un acto de soberanía y de ansiada justicia, luego de la privatización de la petrolera estatal en la década de los 90.

Cuando la burguesía menciona el término soberanía intenta recrear el sentido nacional de sus decisiones. En la etapa del capitalismo monopolista de Estado, en una fase en la que la trasnacionalización de la economía es la característica predominante, por lo que es cada vez más difícil determinar la “nacionalidad” del capital, las decisiones de los gobiernos no representan a la Nación, tal y como la concibió la propia burguesía, sino a una cada vez más delgada capa de clase dominante. La oligarquía financiera a nivel mundial controla Estados, lucha por los negocios en el planeta valiéndose de gobiernos que proclaman defender el interés nacional, cuando en realidad defienden el interés de esa oligarquía financiera.

La defensa del gobierno español de los intereses de Repsol como si fueran los intereses del pueblo español, es tan falsa y mentirosa como la creencia de que la expropiación por parte del gobierno argentino traerá algún beneficio al pueblo argentino. Detrás de uno y otro están distintos capitales, distintos intereses, que apuntan a seguir acumulando riquezas quedándose con los negocios de otros capitalistas.

El caso de Repsol y su expropiación es un ejemplo clarísimo de cómo es el funcionamiento del capitalismo trasnacionalizado, manejando gobiernos y Estados.

Hace apenas un poco más de un año, Repsol anunció el descubrimiento de un yacimiento de shale gas o gas esquisto denominado Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Ese yacimiento posee reservas de gas que equivalen a 300 años del consumo actual de gas y Argentina es el tercer país del mundo con la mayor cantidad de reservas de ese recurso. Para explotar esos yacimientos, hacen falta invertir millonarios capitales ya que ese petróleo y ese gas están en la roca y el proceso necesita de tecnologías muy caras (http://prtarg.com.ar/2012/03/07/4632/ , en nuestra página web, nota del 7 de Marzo).

La economía mundial capitalista está sumergida en una crisis sin precedentes, por lo que la competencia intermonopolista se exacerba a grados muy agudos. Por otra parte, el consumo del shale gas crece aceleradamente en el mundo, con EE.UU. a la cabeza de ese proceso. Las orientaciones que va tomando la lucha entre capitales de distintas regiones del planeta en busca de asegurarse los recursos energéticos y los negocios que de allí se derivan son virulentas y no exageramos al denominarlas como verdaderas guerras comerciales.

Este es el marco en el que se da la expropiación de Repsol en la Argentina; para hacerla gráfica e intentar simplificar procesos tan complejos, podríamos decir que:

El Sr. Repsol, de capitales supuestamente españoles pero que en realidad son capitales internacionales, tiene entre manos un negocio multimillonario y estratégico en una región del planeta, llamada Argentina, que evidentemente no se pone de acuerdo con el gobierno de ese país en quién pone la plata para llevar adelante dicho negocio, ya que a su vez existen otros capitales tan internacionales y tan ávidos de negocios como Repsol que “convencen” al gobierno argentino de que es hora de recuperar la soberanía energética y quedarse con la mayoría accionaria de dicha empresa. El Estado argentino pondrá ahora los capitales para invertir en los suculentos negocios que antes eran del Repsol, y terminará concediendo las áreas de explotación de esos recursos a aquellos capitales que, a nivel mundial, compiten con el Sr. Repsol en el marco de la crisis imperialista que acrecienta la puja intermonopolista, en un proceso de concentración y centralización de capitales de envergadura multimillonaria. Los capitalistas despliegan todo su poder de fuego en estas contiendas a través de los Estados, los gobiernos, los funcionarios e instituciones nacionales e internacionales, etc.

Sirva esta pequeña explicación “casera” para entender, en definitiva, cómo es el funcionamiento del capitalismo en su etapa monopolista estatal, imperialista, en la que las decisiones alcanzan tales grados de entrecruzamiento de intereses, tan pero tan embrollado, que sería inútil intentar conocer quién responde a quién y por qué. El grado de concentración y centralización mundial de capitales es tan alto que hace añicos las denominaciones “nacionales” del imperialismo; hablar de imperialismo norteamericano, imperialismo europeo o de cualquier otra nacionalidad no reconoce en absoluto la trasnacionalización que ese capitalismo ha alcanzado y que los capitales se sirven de los otrora Estados nacionales hoy convertidos en Estados al servicio del gran capital trasnacional.

Por lo tanto, ninguna decisión que esos Estados tomen puede ser considerada soberana o a favor de los intereses obreros y populares. Sus guerras comerciales no son nuestras guerras, por más patriotismo o nacionalismo que se invoque, precisamente, para justificar decisiones que defienden los intereses de la oligarquía financiera más concentrada.

Nuestra guerra es contra esa oligarquía financiera, en nuestro caso en la Argentina, que es parte de la guerra que los pueblos del mundo están presentando a nivel mundial cuando ese sector minúsculo de la sociedad intenta hacer pagar los costos de sus crisis al conjunto de las capas populares, impulsando políticas de explotación y expoliación en todos los países del mundo.

El debate de las nacionalizaciones y/o estatizaciones es falso de toda falsedad, y apunta a llevar la lucha obrera y popular detrás de tal o cual facción de la oligarquía.  No nos dejemos engañar y que nos quieran confundir debatiendo sus problemas. El debate y la lucha que debemos llevar adelante los revolucionarios es que los recursos que todo el pueblo produce con su trabajo serán verdaderamente de todos cuando saquemos del medio a la burguesía monopolista, cuando el Estado esté en manos de la clase obrera y el pueblo para decidir qué se hace con esos recursos teniendo como guía la realización del ser humano y no la ganancia capitalista.

El proyecto revolucionario no va detrás de ningún proyecto de ninguna facción de la oligarquía financiera. Es el proyecto de la clase obrera y el pueblo que lucha por el poder, por la revolución social. La clase obrera no debe compartir el poder con su enemigo de clase, sino que debe luchar contra ese enemigo para ganar a las demás clases oprimidas y arrebatarles el poder, destruir su Estado, y construir una sociedad y un Estado al verdadero servicio de las mayorías.

La firmeza en esta posición determina la conducta política y, por lo tanto, debe servir también para presentar batalla a las posiciones oportunistas y reformistas que viven esperando las decisiones de la burguesía para ver cómo van detrás de las mismas.