La semana pasada, a través de la cadena nacional de radiodifusión, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, habló, entre otros puntos de su discurso electoral, de la ley de propiedad de tierras para extranjeros.
Destacó que la misma establece un límite máximo del 15% de los territorios del país para ser vendido a extranjeros y que dicho cupo no fue alcanzado. Sobre un total de 279.181.000 has., con las que cuenta el país, los extranjeros no pueden tener, en conjunto, más de 41.877.150 has. y ahora tienen sólo 15.881.069.
Consideró la presidenta que esto la autorizaba para hacer una apología de la protección del territorio nacional y de sus recursos por parte del gobierno.
Con esto se pretendía contrarrestar, entre otras cosas, las denuncias sobre el negocio petrolero de Chevron con YPF recientemente cerrado.
De tal forma la presidenta y la claque a sueldo, infaltable en sus discursos, se sintieron satisfechos por pensar que habían derribado todos los argumentos que la imputaban como entregadora del patrimonio nacional. Ningún comentario de medio masivo de difusión dijo algo al respecto.
Y es lógico, ningún “opositor” miembro de la burguesía y/o del “progresismo” desclasado podría oponer argumentos de peso para dejar en evidencia la entrega del patrimonio nacional sobre la tierra y los recursos en ella existentes (minería, gas, petróleo, etc.), a los llamados capitales extranjeros. Y esto debido a dos razones: la primera, porque como burgueses no pueden denunciar una de las bases fundamentales sobre la que se asienta el sistema capitalista como es la inviolabilidad de la propiedad privada de los medios de producción. Y la segunda, porque la mentalidad burguesa propia del “progresismo” y de todo los opinadores que pueblan los medios masivos de difusión no les permite ir más allá de lo formal y penetrar en la esencia de la explotación capitalista de los recursos naturales.
Sólo desde una concepción marxista, desentrañando los intereses de clase, y descubriendo los mecanismos de la sociedad capitalista detrás de sus múltiples disfraces ocasionales, es posible dejar al descubierto la falacia de la ley de tierras y la verdadera esencia del problema de la entrega del patrimonio nacional.
Primero, aclaremos que, a esta altura de la sociedad capitalista en nuestro país, los capitales dominantes son monopolistas. Querer identificar un capital monopolista con la bandera argentina o con otra bandera, es malintencionado y pretendidamente engañoso. Los monopolios no tienen bandera. Su única bandera es la ganancia. Esos capitales son todos imperialistas y sus dueños son de la oligarquía financiera internacional.
Segundo, la propiedad capitalista somete a todo tipo de propiedad. Quiere decir esto que lo más importante a tener en cuenta sobre la propiedad de la tierra no es el título legal, la escritura o el documento que acredita judicialmente quién es dueño de la misma. Lo verdaderamente importante es quién explota dicha tierra y/o el subsuelo. Quién obtiene los frutos y quién se apropia de los mismos.
Y si no, veamos: por ejemplo, Cargill vende unos 23.000 millones de pesos al año (según estadísticas de la burguesía) de la producción de granos en Argentina. Es una de las cinco grandes empresas monopolistas que manejan el negocio de la exportación en nuestro país y en el mundo.
Toda la producción de granos y subproductos del país caen en el embudo de estas cinco empresas que se adueñan así del total de lo producido. Ellos imponen qué granos se sembrarán y cosecharán, el precio de los mismos, los flujos y destinos de exportación, etc.
Cargill tiene una mínima cantidad de tierra, podríamos decir insignificante, en relación con el capital que maneja. Pero con los otros cuatro monopolios, impone todas las condiciones. Todos se someten a estos cinco monopolios. Su poder no deriva de la cantidad de tierra que poseen sino de la cantidad de tierra que explotan a través de la apropiación del negocio del total de los granos que se siembran, producen, cosechan y se comercializan a lo largo y ancho del país. A ellos les pertenece el total de las tierras cultivables del país. Ningún terrateniente, en nuestro país, tiene tanto poder como Cargill y los monopolios graneleros. En suma, si son 30.000.000 has. las que se han sembrado en esta campaña, esa cantidad es la que tienen en propiedad estos cinco monopolios, es decir el 100% del área cultivable y el 10,75% del total de tierras del país.
Lo mismo pasa con las mineras, las petroleras, etc. La tierra puede ser fiscal o privada de algún dueño particular, pero los inmensos recursos que se explotan pertenecen a esos monopolios quienes dejan a la Nación, sólo la contaminación, la depredación y la desolación a cambio de algunas monedas.
El monopolio está en la propiedad capitalista, en este caso, de la tierra y no en quién posee el título jurídico de la misma. El primero impone las condiciones al segundo, a cambio de lo cual, este último recibe una parte de la plusvalía en forma de renta de la tierra.
Este gobierno, a través de los mecanismos del propio Estado ha profundizado la entrega a los monopolios de la explotación de la tierra y el subsuelo. Y ésa es la propiedad capitalista que debemos denunciar y contra la cual hay que luchar, lograr arrebatársela a la burguesía monopolista y ponerla a disposición de la clase obrera y el pueblo, eliminando toda explotación privada capitalista y toda propiedad de la tierra para especulación.
Lo demás es cháchara populista, “progresista” y engaño indisimulado. Lo mismo que viene haciendo, desde su primer día, la presidenta y el sector de clase al que representa, único beneficiario y siempre presente, decidiendo, detrás de los gobiernos de turno.
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