El asesinato de la joven Ángeles Rawson ha sido comentario obligado en cualquier ámbito durante los últimos diez días; mucho más cuando se conoció la detención del encargado del edificio donde la joven vivía luego que éste se autoincriminara, denunciando amenazas y aprietes.
La detención del encargado ha sembrado la duda en la gran mayoría de la población, al punto que la Fiscalía debió emitir un comunicado oficial dando a conocer por qué el hombre quedó detenido y cuál es la hipótesis que sostiene la fiscal.
Esto es un hecho casi inédito en el funcionamiento del Poder Judicial. El comunicado de la fiscal pareció más un justificativo para acallar el clamor de la gente que una defensa acérrima del por qué de su actuación.
Esto ha sido detectado por algunos de los tantos comentaristas de los medios masivos, los que, alarmados, llaman a creer en la versión oficial como la versión fidedigna de una institución del Estado como lo es la Justicia.
El pueblo argentino le marca tanto la cancha a la burguesía gobernante, que un hecho policial termina siendo una muestra más de la desconfianza absoluta de las masas a las “sacrosantas” instituciones burguesas, demostrando hasta en ese terreno la profunda crisis política y de legitimidad que sufre la clase en el poder y su desprestigiada y cuestionada institucionalidad.
Lo mismo ocurrió con la versión oficial del gobierno acerca del choque de trenes en Castelar, en la que se intentó inculpar sin más a los conductores cuando todavía no se habían terminado de contar los heridos de la tragedia
Un rescatista que actuaba ese día, el jueves 13 de junio pasado, exclamó: “A ver los políticos si se corren que estamos trabajando”, dejando en evidencia la inutilidad de los funcionarios allí presentes que ensayaban su mejor cara de circunstancia.
Lo legal ya no sólo pierde la fuerza cuando queda en la mira implacable de la desconfianza y el descrédito populares; también se torna ilegítima cualquier medida que se tome, sea ésta acertada o no.
En las tantas y tantas mentiras y canalladas de las que el poder burgués ha sido capaz de realizar, está fundada la acertada conclusión popular: “Algo no cierra”. Ese comentario o la exclamación del rescatista, ambos lapidarios, pueden resultar inofensivos; sin embargo, son una daga que aporta más descrédito y rechazo a la cuestionada justicia burguesa, así como al conjunto de las instituciones putrefactas de las que se sirven, certificando una profunda crisis de legitimidad de la que la burguesía no está en condiciones de salir.
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