viernes, 29 de marzo de 2013

El Estado no es “árbitro”, ni resguarda el "interés nacional": un gran negocio para envenenamiento del mundo


Se siguen develando las asociaciones de la “estatizada” YPF para la explotación de gas y petróleo no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.
Luego de firmar un convenio con Chevron, en el que se le entrega a esa compañía la explotación de crudo en esos yacimientos, ahora se ha firmado un “memorando de entendimiento” con Dow Argentina, subsidiaria de Dow Chemical Company, empresa que tiene sus oficinas centrales en EE.UU., para la explotación del gas en esa zona. Lo único que se conoce de ese memorando es que YPF entrega el 50%  de su participación en el negocio.
Este negocio con Dow Chemical es sólo la punta del iceberg. Las compañías químicas mundiales están “muy movilizadas” con la exploración del gas y petróleo shale, ya que son ellas las que proveerán los más de 600 productos químicos que requieren las petroleras para la extracción de estos combustibles. Un negocio redondo para envenenamiento del mundo.
Como en el tema de la minería, el Estado al servicio de la oligarquía financiera pone en marcha planes de explotación de nuestros recursos naturales los cuales consisten en entregar en bandeja a las empresas monopolistas los recursos naturales de nuestro suelo, por el que solo dejan migajas que, en gran medida, terminan en los bolsillos de los funcionarios de turno, llevándose multimillonarias ganancias y dejando contaminación y saqueo en nuestros pueblos.
Estas “asociaciones”, que no son más que la entrega lisa y llana de nuestros recursos a estos pulpos mundiales, ratifican que la expropiación de YPF nada tuvo de patriótica, ni se hizo para recuperar la soberanía de nuestros recursos, sino que fue quitarle el negocio a una multinacional del petróleo para concederlo a otras multinacionales, en el marco de la competencia intermonopolista mundial por el acceso y la explotación de los recursos naturales.
Donde el Estado no es árbitro ni resguarda ningún interés nacional, sino un instrumento que interviene directamente en esa puja en función del tal o cual interés monopolista. Y el gobierno “nacional y popular” sigue cumpliendo al pie de la letra ese mandato.

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